De negociar en bloque con Perú y Colombia a detener el proceso por considerar que los resultados no iban encaminados a favorecer el desarrollo del país. De plantear una prioridad de integración e intercambio comercial sur-sur, lejos de iniciativas como la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México), estrategia de integración con énfasis en Asia, a cruzar el Atlántico. La política de comercio exterior del Ecuador ha sido variable en los últimos siete años y ha transitado entre argumentos de protección de la soberanía, el denominado cambio de la matriz productiva para dejar de depender de las exportaciones petroleras y la restricción de importaciones.

Ahora, con el acuerdo comercial cerrado hace diez días con la Unión Europea (UE), esta toma un nuevo giro: la apertura del país a mercados internacionales y la posibilidad de futuras negociaciones con otros bloques.

Para el analista Walter Spurrier la negociación con la Unión Europea marca un antes y un después en la política de comercio exterior, que –al menos en el discurso– estaba centrada en la producción de bienes y servicios con alto valor agregado, nuevas tecnologías y talento humano, mientras el país continuaba con la exportación de petróleo y otros minerales.

El petróleo representa el 60% de las exportaciones totales del país. De los $ 24.958 millones registrados por exportaciones en el 2013, $ 14.108 millones provinieron del crudo y derivados, según cifras del Banco Central (BCE) y del Observatorio de Política Fiscal (OPF). Las exportaciones no petroleras movieron $ 10.850 millones, pero no logran superar a las importaciones (que alcanzaron $ 19.961 millones) para generar una balanza comercial (exportaciones menos importaciones) positiva en este sector.

La balanza comercial no petrolera llegó a un déficit en el 2013 de $ 9.112 millones y hasta abril registra $ 2.073 millones.

Esa debilidad en el sector no petrolero fue uno de los puntos considerados para retomar las negociaciones con la UE e impulsarlas, en el último año, con la separación del Ministerio de Comercio Exterior de la Cancillería, que había sido fusionado a inicios de este mismo gobierno, y la llegada del ministro Francisco Rivadeneira a esa cartera.

“Desde hace más de cuatro años habíamos insistido en la necesidad de firmar un acuerdo comercial con ese bloque por la importancia que reviste”, dice Daniel Legarda, vicepresidente ejecutivo de Fedexpor (Federación Ecuatoriana de Exportadores). Y no solo por el impacto en el sector sino para el país, dice.

Aunque Estados Unidos es el principal socio comercial por el peso petrolero, la UE es el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador: recibe el 30% de estas, que representan más de $ 2.700 millones anuales, según el gremio. En el 2013, el comercio bilateral alcanzó los $ 6.000 millones. Hasta mayo, las exportaciones hacia la UE sumaron $ 1.290 millones, de acuerdo al BCE.

La Unión Europea está integrada por 27 países, cuyo PIB asciende a $ 15,6 billones. Y eso alienta a los exportadores ante un mercado de 507 millones de habitantes, con un ingreso per cápita de $ 35.000.

Legarda señala que actualmente 1.500 empresas ecuatorianas exportan de forma directa al mercado europeo y, de estas, el 60% son mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). Esa relación genera unas 300 mil plazas de empleo directo y 500 mil indirectos, ligados, por ejemplo, a provisión de empaques, servicios, logística.

“El presidente (Rafael Correa) se da cuenta ahora, después de mantener lo contrario, de que si pierde el acceso preferencial a la Unión Europea, se caen las exportaciones tradicionales del Ecuador porque los aranceles son muy altos”, dice Spurrier.

Ese fue otro de los puntos claves para impulsar el acuerdo. El 85% de las exportaciones ecuatorianas, excepto el banano, entran hoy a Europa con el beneficio del SGP Plus, un sistema de preferencias arancelarias que otorga la UE a países en vías de desarrollo y que fenecerá el próximo 31 de diciembre.

Correa, en su enlace del pasado 14 de junio, dijo que quedarse sin las preferencias implicaría la pérdida de $ 200 millones al año y una caída del 0,20% del PIB.

Sin SGP Plus, el atún podría pagar hasta un 24% de arancel. El viceministro de Acuacultura y Pesca, Guillermo Morán, afirma que al menos el 40% del atún que se procesa en el país tiene como destino la UE y que el acuerdo incluiría su ingreso, el de pesca blanca congelada y el de camarón con 0 aranceles.

Morán indica que se ha negociado para que el SGP Plus siga vigente durante el 2015 mientras se ratifica el acuerdo, que se prevé entre en vigencia en 18 o 24 meses. Para eso, explica Legarda, se requiere el informe favorable del Comité de Comercio Exterior, de la Corte Constitucional y la ratificación de la Asamblea. En el caso de la UE, la Comisión y el Consejo europeo tienen que avalar jurídicamente los textos para que los apruebe el Parlamento.

Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, señala que el acuerdo muestra que el país va teniendo ya un modelo de integración que después de Europa podrá replicarse con otros países o bloques. “Creo que eso marca una diferencia, el hecho de que tenemos acuerdo de última generación, negociado con base en las reglas OMC y en la línea del esquema de ganar-ganar”, indica.

Pero no todos los sectores ven ganancias. Entre los campesinos hay preocupación basados en el caso de Colombia y Perú, donde el acuerdo se firmó en el 2012, y gremios como el de lácteos se declara como el gran perdedor por los subsidios europeos.

Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, refiere que el sector lechero en Europa recibe subsidios de entre $ 1.200 y $ 2.000 millones al año y afirma que en Ecuador el litro de leche ni siquiera está acorde con el valor de producción real. Dice que se pone en riesgo a la pequeña y mediana agricultura en un país con un 88% de unidades productivas familiares. También le preocupa que se afecte la libre circulación de semillas.

Correa ha asegurado que este acuerdo no es un Tratado de Libre Comercio y que se pondrán límites en compras públicas (para proteger a pequeñas y medianas empresas ecuatorianas que son proveedoras del Estado) y en propiedad intelectual.

Fuente: Diario El Comercio de Ecuador

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